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CCRD envía al MP lista funcionarios públicos no han declarado bienes La Cámara de Cuentas remitió a la Procuraduría General de la República una lista de 121 alcaldes, 1,110 regidores, un senador y tres diputados que “han hecho caso omiso a la entrega de sus declaraciones juradas de patrimonio”.   La presidenta de la Cámara de Cuentas, Licelott Marte de Barrios envió al Procurador Francisco Domínguez Brito, el informe donde contiene los nombres de los funcionarios obligados por la Ley 311-14.   Cita el caso del senador por Bahoruco, Manuel Antonio Paula, los diputados de Santiago, Wilson Marte Estévez; María Araceli Duarte e Isabel de la Cruz Javier, de la provincia de Santo Domingo.   La lista de los 121 alcaldes que no han presentado su declaración patrimonial incluye al del Distrito Nacional, Roberto Salcedo; Santo Domingo Este, Juan de los Santos; Santo Domingo Norte, Francisco Fernández; Los Alcarrizos, Junior Santos; Francis Peña, Santo Domingo Oeste; Ramón Gómez, Pedro Brand, y Martina García, San Antonio de Guerra.   También los ejecutivos municipales de San Cristóbal, Raúl Mondesí Avelino; y de los municipios de Bajos de Haina, Cambita Garabitos, Sabana Grande de Palenque, Nigua y Villa Altagracia. Igualmente, la alcalde de San Juan de la Maguana, Hanói Sánchez; y de los municipios Bohechío, El Cercado, Juan de Herrera y Vallejuelo. Además, el de San Pedro de Macorís, Ramón Echavarría Peguero, y los alcaldes de los municipios de Consuelo, Guayacanes, Quisqueya y Ramón Santana.   La Cámara de Cuentas alega también como funcionarios “omisos” en la entrega de declaración jurada de bienes a Rafael Molina Lluberes, del municipio de Cotuí, y el de Villa La Mata. También a Rafael Hidalgo Fernández, del municipio de Azua, lo mismo que los ejecutivos municipales de Estebanía, Guayabal, Las Charcas, Las Yayas de Viajama, Padre las

Dice funcionarios que no hagan declaración jurada de bienes deben ser destituidos SANTO DOMINGO.-El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), afirmó este domingo que más de mil funcionarios del Estado no han querido hacer su declaración jurada bienes, pese a que se modificó la ley 311-14 que establece como obligatoria esa acción e instituye un régimen de sanción para los no se sometan, incluyendo apresamientos correccionales. Servio Tulio Castaños Guzmán dijo que esos funcionarios públicos que no solo deben ser destituidos, sino también investigados, porque es lo que contempla la Ley sobre Declaración Jurada de Patrimonio, y destacó que hay que verificar si esas personas pagaban sus impuestos desde antes de ser empleados del Estado. Entrevistado en el programa Toque Final, que cada domingo conduce el periodista Julio Martínez Pozo por Antena Latina, Canal 7, el vicepresidente de la Finjus manifestó que es sorprendente como tantos funcionarios no se acogen  a la legislación, ´y lo peor es que el Estado ha actuado con inercia al respecto´. Indicó además, que esa situación refleja que en la República Dominicana los sistemas de consecuencia no funcionan. ´Aquí está faltando voluntad política, de eso no hay dudas. Tenemos una herramienta que puede contribuir a que los funcionarios se obliguen a hacer la declaración, y el Estado tiene que aprovechar esta magnífica oportunidad para dar un buen ejemplo´, expresó. Castaños Guzmán calificó esa situación como escandalosa, y aseguró que de una u otra forma atenta contra la calidad del sistema democrático nacional, se convierte en un desafío para el presidente de la República, Danilo Medina, y en una falta de respeto a la sociedad. ´El que no cumple con su responsabilidad desde la sociedad, no merece ocupar una función pública´, enfatizó, tras señalar que esa negativa de la gran mayoría  de funcionarios