Cuando la libertad condicional se vuelve un negocio en Estados Unidos
Cuando la libertad condicional se vuelve un negocio en Estados Unidos Por ADAM GELLER y SHARON COHEN MURFREESBORO, Tennessee, EE.UU. Cuando Steven Gibbs no pudo pagar las tarifas que le cobraba la empresa que supervisaba su libertad bajo palabra, terminó de nuevo detrás de las rejas. Cuando Gibbs —arrestado originalmente por manejar con una licencia suspendida— no pasó un control de drogas que dispuso la empresa, fue a parar a la cárcel de nuevo. “La mitad del tiempo me da miedo salir a la calle”, declaró Gibbs, de 61 años, un exalbañil que vive en un motel barato porque la pensión por incapacidad que recibe y el sueldo de su esposa —que trabaja en un restaurante de comidas rápidas— no le permiten reunir dinero para el depósito de un departamento. “Ya no creo en nadie”, afirmó. La compañía continuó cobrándole tarifas a Gibbs hasta la semana pasada, cuando un juez accedió a colocarlo bajo un nuevo plan, donde será supervisado por el tribunal, a fin de que pague las multas que le debe al condado. En este pujante condado de Nashville y en más de un millar de juzgados de una decena de estados, muchos de ellos en el sur de Estados Unidos, la libertad bajo palabra de reos acusados de delitos menores es un negocio lucrativo, cada vez más polémico. Quienes tienen dinero para pagar multas evitan quedar bajo supervisión, pero los más pobres a veces terminan abrumados por las deudas y los castigos. Es una práctica que ha generado numerosos cuestionamientos y demandas. “Lo lamentable de nuestro sistema judicial es que cuando te ves atrapado, eres como una rata que nunca puede salir de una rueda por las multas y la libertad condicional”, afirmó el sheriff local Robert Arnold. Un juez federal emitió recientemente una orden impidiendo que
Dos administradoras más entran al negocio de gestión de los fondos de pensiones
Dos administradoras más entran al negocio de gestión de los fondos de pensiones Santo Domingo. Para 2004, cuando el nuevo sistema de previsional de capitalización individual de República Dominicana aún se encontraba en su cuna, ya habían nacido 9 Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que se enfrentaban para atrapar a los aún escasos cotizantes, ascendentes, al 31 de diciembre de ese año, a 593,286 personas. Luego vino un proceso de fusión que redujo a cinco la cantidad de esas gestoras de inversión. Pero el 13 de enero pasado, la Superintendencia de Pensiones informó en espacios pagados en la prensa la autorización para la constitución e inicio de operaciones de dos nuevas AFP. Las dos nuevas gestoras son la Administradora de Fondos de pensiones Atlántico, S.A., y la Administradora de Fondos de Pensiones JMMB BDI, S.A. Este reportero se comunicó con una ejecutiva del grupo financiero JMMB, quien explicó que desde el punto de vista legal la empresa no podía dar una declaración, hasta que no concluya el proceso de constitución de la AFP JMMB BDI, tal como manda la normativa. JMMB es subsidiaria dominicana del Grupo JMMB, de Jamaica. En República Dominicana opera en el mercado de valores, a través de puestos de bolsas y fondos de inversiones, y en el sector de los bancos de ahorros y créditos. Estas dos nuevas AFP ingresan a un mercado que un informe de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) incluye entre los de “mayor concentración de mercado” en la economía dominicana. Las cinco AFP que en la actualidad operan son Popular, Reservas, Romana, Scotia Crecer, y Siembra. Exceptuando la AFP Romana, las cuatros restantes están vinculadas a bancos múltiples. Estas gestoras de fondos de pensiones operan un mercado que al 2014 contaba con 1,508,392 cotizantes y 3,069,900 afiliados, y un